Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa con la que pretende instar al Gobierno a ‘regular urgentemente’ medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda de trabajadores en situación de desempleo, entre las que destaca la ‘suspensión inmediata’ de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a parados que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca.

La iniciativa propone además fijar una moratoria de al menos un mes en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda alegar ‘condiciones abusivas o en fraude de ley’ que puedan existir en las cláusulas de sus contratos de crédito hipotecario.

Asimismo, aboga por el reconocimiento de la subsistencia del derecho de uso a la vivienda habitual por un período mínimo de cinco años, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que se establezca un alquiler ‘compensatorio’ pactado entre las partes, que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar que reside en la vivienda.

Izquierda Unida pide la incorporación al procedimiento judicial de embargo del análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor, de la gestión de riegos aplicada por la entidad financiera en el crédito y limitación de la responsabilidad a esas garantías.

Asimismo, reclama el establecimiento de un equipo de asesoramiento y arbitraje en las administraciones de consumo de comunidades autónomas y ayuntamientos para garantizar la adecuada información sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y arbitrar en la fijación de acuerdos para la moratoria de las deudas hipotecarias o para la fijación de los alquileres compensatorios.