En los últimos tiempos se está haciendo cada vez más evidente que los poderes financieros imponen su voluntad sobre la de los representativos, impidiendo que éstos lleven a cabo lo que le habían ofrecido a los ciudadanos en sus programas electorales.

Comenté en esta página hace unas semanas que alguien tan moderado y poco dado a los excesos verbales como el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, había dicho que se estaba produciendo "terrorismo financiero". Y hace unos días el prestigioso periodista Iñaki Gabilondo reconocía ante su audiencia que estamos viviendo en una dictadura de los mercados.

Es normal y acertado que se digan este tipo de cosas porque a medida que ha ido desarrollándose la crisis se ha comprobado sin dificultad que ni los gobiernos socialdemócratas como el español ni los más conservadores como el francés o el alemán o ni siquiera el presidente de Estados Unidos que se considera el más poderoso del mundo pueden aplicar las medidas que inicialmente proponen. Los Bancos y los grandes financieros han conseguido salir a flote del desastre económico que han provocado frenando cualquier tipo de reformas por mínimas que haya sido. Basta comprobar las sucesivas declaraciones finales de las cumbres del G-20 para comprobar que no se ha llevado a cabo ni una sola de sus propias propuestas o promesas.

En la década de los noventa y en plena fabulación europeísta, economistas españoles instalados en el status explicaban sin equívocos que el Tratado de Mäastricht con sus límites al déficit, era una auténtica reforma constitucional por la vía de los hechos y al margen del Parlamento. Es más, se llegó a decir que el sistema de Seguridad Social “no debía ser demasiado generoso… Otra cosa es lo que diga la Constitución (que, en todo caso, no es un modelo de racionalidad económica)”.

Quince años después Sarkozy pretende una reforma que incorpore a su constitución la obligatoriedad de impedir el déficit; Obama ha declarado algo parecido; Rajoy lo ha planteado sin ambages y el Gobierno español se aplica a ello con diligencia dejando a la Constitución de 1978 hecha unos zorros en materia de Derechos Fundamentales.