Merece reflexión lo que ha ocurrido en las últimas semanas, al calor del despliegue de un draconiano plan de ajuste, con los cuadros del Partido Socialista Obrero Español. Por concretar el argumento en lo sucedido en un recinto relevante, el Congreso de Diputados en Madrid, téngase presente que ni uno solo de los 169 representantes socialistas que toman asiento en esa institución ha tenido a bien expresar, en público, ninguna disensión, ni mayor ni menor, en lo que hace al contenido del mentado plan. Hablamos de las mismas personas —no se olvide— que unos días antes sostenían una y otra vez que el Gobierno socialista no toleraría en modo alguno recortes en los derechos sociales...

No sé si a estas alturas tiene algún sentido examinar las escasas y precarias explicaciones ofrecidas para justificar un cambio tan drástico, y tan patético, de actitud. Para que no queden cabos sueltos rescatemos, aun con todo, las dos que parecen disfrutar de mayor presencia. La primera señala sin más que el plan de ajuste es una imposición de la Unión Europea. Aunque el argumento en sí resulta irreprochable, deja en mal lugar, claro, a nuestros gobernantes y a sus acólitos: si, por un lado, revela bien a las claras que los primeros —los gobernantes— no habían hecho sus deberes, por el otro pone de manifiesto su incapacidad para preservar, retórica aparte, un proyecto distinto del que preconiza una UE visiblemente neoliberalizada. La segunda de las explicaciones, ya muy sobada, se asienta en la superstición de que los numerosos y graves problemas que arrastra la economía española nada tienen que ver con las políticas abrazadas por los dirigentes socialistas: muy al contrario remitirían —se nos dice— a fenómenos externos y responsabilidades ajenas, como los vinculados con la crisis estadounidense, la herencia recibida en 2004 del Partido Popular o, en suma, las impresentables prácticas de los especuladores que se mueven por todas partes.

1. El programa de ajuste que el Gobierno español ha acabado por acatar es una prueba fehaciente de que la situación de la economía del país era mucho peor que la que retrataban, frívolamente, los discursos oficiales. Como quiera que el programa en cuestión en mucho recuerda al que se halla en curso de aplicación en Grecia, hay que reconocer a los gobernantes españoles, con todo, una excelsa habilidad a la hora de esquivar la imagen, plenamente razonable, de que la situación que nos acosa es muy similar a la que se ha revelado, con formidable eco mediático, en Grecia.

2. Es fácil comprobar cómo en los últimos años, cuando el Partido Socialista, en el Gobierno, ha decidido asumir alguna medida de peso, siempre lo ha hecho desde la lógica del respeto a la superstición neoliberal y a la desregulación que la acompaña. Aunque, claro, no sólo se trata de eso: hasta el más tonto se ha percatado ya de que quienes van a pagar los desperfectos generados por el plan de ajuste no son, en modo alguno, quienes nos han conducido a un escenario muy delicado. Hora es ésta de recordar lo infrecuente que es encontrarse con algún empresario que, al tiempo que lamenta los sinsabores del momento presente, tenga a bien recordar los formidables beneficios que, con descaro y sin control, muchos acumularon hace unos pocos años.

Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.

No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica.

La Ley de Amnistía de 1977 se ha convertido en un quebradero de cabeza para la diplomacia española. Tres informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amonestaron a España en 2009 por escudarse en esta ley para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y no atender el ruego de las víctimas.

Durante 30 años, la Transición sólo había dado motivos de satisfacción a la diplomacia española ante la cascada de elogios que cosechaba. Pero la imposibilidad del juez Baltasar Garzón de seguir adelante con su causa para investigar los crímenes del franquismo se le negó la competencia a finales de 2008 y el Tribunal Supremo quiere juzgarlo ahora por supuesta prevaricación ha puesto por vez primera la Ley de Amnistía en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ante la interpretación que se está haciendo de la misma.